Aunque en lo civil se reconoce la pensión entre parejas de hecho, el TEAC acaba de dejar claro que Hacienda no se suma a esa equiparación. ¿Pagaste una pensión a tu expareja de hecho? La AEAT no te lo pondrá fácil. Según el último criterio del TEAC, ese gasto no reduce tu base del IRPF.

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El pasado 24 de junio de 2025, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) dictó una resolución de gran calado práctico para muchas personas que han disuelto una relación de pareja de hecho y acordado, por escritura pública, el pago de una pensión compensatoria. La resolución desestima el derecho a aplicar la reducción fiscal del artículo 55 de la Ley del IRPF (LIRPF) a estos pagos si no ha existido matrimonio legal entre las partes.

¿Qué se ha resuelto?

El TEAC concluye que no es posible aplicar la reducción en la base imponible prevista en el artículo 55 de la LIRPF a las pensiones compensatorias pactadas entre miembros de una pareja estable o de hecho, aunque dicha compensación esté recogida en escritura pública notarial y aunque la normativa civil (como el Código Civil de Cataluña) prevea este tipo de compensaciones tras la ruptura.

En palabras del Tribunal: "No se admite la analogía para extender beneficios fiscales a situaciones no previstas por la ley." Es decir, sin matrimonio no hay reducción.

¿Qué dice el artículo 55 de la LIRPF?

Este precepto permite reducir la base imponible del IRPF por las pensiones compensatorias fijadas a favor del cónyuge y por decisión judicial. Es decir, exige:

• Existencia de matrimonio
• Una decisión judicial (o, tras la Ley 15/2015, convenio ante notario o Letrado de la Administración de Justicia)
• Pensión compensatoria, no alimentos para hijos

¿Y si hay escritura notarial o pacto en Cataluña?

En el caso resuelto, una pareja de hecho formalizó notarialmente el pago de una compensación económica tras el fin de su convivencia. El pagador pidió reducir su IRPF como si se tratara de una pensión compensatoria conyugal.

El Tribunal ha sido tajante:

• Aunque en Cataluña este tipo de pactos son perfectamente válidos civilmente, no son equiparables al matrimonio a efectos tributarios.
• La norma fiscal exige "cónyuges". Y si no hay matrimonio, no cabe equiparación ni interpretación extensiva.

¿Y qué pasa con el principio de igualdad?

El contribuyente alegó una posible discriminación injustificada entre matrimonios y parejas de hecho, y la posible vulneración del principio constitucional de igualdad. El TEAC reconoce que no puede valorar la constitucionalidad de las normas fiscales. Solo puede aplicar lo que dice literalmente la ley.

Además, recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han reiterado que la convivencia extramatrimonial, aunque legítima, no es jurídicamente equivalente al matrimonio. Por tanto, el legislador puede tratarlas de forma distinta en materia de beneficios fiscales.

¿Hay doble imposición?

Otra de las alegaciones era que la prestación ya había sido incluida por el perceptor como renta en su IRPF, lo que generaría una doble tributación. El TEAC niega esa interpretación. En nuestro sistema tributario, cuando un contribuyente paga una cantidad a otro, este ingreso se tributa en sede del receptor, sin que ello genere, por sí solo, un supuesto de doble imposición que obligue a corregir la base del pagador.

¿Qué recomendamos desde el despacho?

• Si tiene previsto formalizar una pensión compensatoria y no existe vínculo matrimonial, no espere obtener ventaja fiscal alguna por esa vía.
• Revise con nosotros los efectos fiscales antes de firmar cualquier pacto económico tras la ruptura de una pareja de hecho.
• En caso de duda, solicite un análisis preventivo: evitará reclamaciones, sanciones o falsas expectativas.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

El Boletín Oficial de Estado ha publicado el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, con el objetivo de reforzar la conciliación entre la vida personal y profesional. Esta normativa modifica diversas leyes laborales y de seguridad social para completar la transposición de la Directiva europea 2019/1158, centrada en mejorar los derechos de los progenitores y cuidadores.

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Cambios principales

Una de las modificaciones más destacadas es la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores, que pasa de 16 a 19 semanas para cada progenitor, sin posibilidad de transferirse entre ellos. Además, dos de estas semanas podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el niño o niña cumpla los ocho años.

En el caso de las familias monoparentales, el permiso se eleva a 32 semanas, de las cuales cuatro también podrán utilizarse más adelante, hasta que el menor cumpla los ocho años. Este derecho será aplicable a los nacimientos o adopciones ocurridos a partir del 2 de agosto de 2024.

Las dos semanas adicionales de permiso parental retribuido podrán ser utilizadas de forma adaptable, tanto en días sueltos como en jornadas parciales, en función de las necesidades de las familias.

Este decreto representa un avance en la legislación española al garantizar que el empleo remunerado no limite el derecho de las personas trabajadoras a cuidar ni interfiera en la decisión de tener hijos, promoviendo una sociedad más igualitaria en el reparto de responsabilidades familiares.

Adaptación a la normativa europea

Con la nueva medida, España cumple en su totalidad con lo exigido por la Directiva (UE) 2019/1158, especialmente en lo referido al permiso parental retribuido. Aun así, el Ejecutivo se compromete a aumentar este permiso hasta 20 semanas durante la actual legislatura.

Con esta ampliación a 19 semanas, España se sitúa por encima de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se alinea con los países europeos que ofrecen permisos de maternidad más prolongados y flexibles.

Cobertura económica garantizada

La Seguridad Social asumirá el coste del nuevo periodo de permiso, garantizando una sustitución del salario del 100% para ambos progenitores, lo que facilita el reparto equitativo de los cuidados. La alta participación de los hombres en el uso de este permiso en España, en comparación con otros países, evidencia el efecto positivo de esta medida.

Aplicación en el sector público

En el ámbito de la Administración Pública, el permiso retribuido por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento también se amplía a 19 semanas: 17 semanas por nacimiento o cuidado y 2 semanas por permiso parental. Además, se introduce una nueva regulación del permiso parental no retribuido, que tendrá una duración de ocho semanas.

También se contempla una ampliación de dos semanas adicionales cuando se trate de nacimientos o adopciones múltiples, o cuando exista discapacidad del menor, compartidas entre ambos progenitores.

Protección de las familias monoparentales

El texto presta especial atención a las familias monomarentales o monoparentales, ampliando el periodo de permiso por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento a 32 semanas, con el fin de garantizar una protección equivalente para todos los menores, independientemente del modelo familiar. De estas, cuatro semanas podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el menor cumpla ocho años.

Este conjunto de medidas refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad, la protección de la infancia y la conciliación laboral, adaptando la legislación española a las necesidades actuales de las familias.

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales sigue en transformación. Y toca preparar la próxima fase: 2026-2028. La Seguridad Social convoca a los agentes sociales para definir los nuevos tramos y bases que marcarán el futuro de los autónomos.

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El día 14 de julio, la Mesa de Diálogo Social se volvió a reunir. Sobre la mesa: una revisión completa del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Se avecina un nuevo despliegue de tramos y bases que marcará las reglas del juego entre 2026 y 2028.

La cita, anunciada por el secretario de Estado Borja Suárez en sede parlamentaria, llega tras el primer proceso de regularización de cuotas correspondiente al ejercicio 2023, ya finalizado. Y el balance no es menor: más de 4,2 millones de notificaciones, 1,6 millones de ajustes y una gestión coordinada entre Seguridad Social, Hacienda y mutuas que ha puesto a prueba la maquinaria administrativa.

El sistema de cotización por ingresos reales -en vigor desde 2023- ha supuesto un giro estructural en el RETA. Pensado para acercar la cotización a la capacidad económica real de cada autónomo, su implementación ha buscado corregir una situación claramente injusta: más del 80 % de los trabajadores por cuenta propia cotizaban por la base mínima, lo que se traducía en pensiones hasta un 37 % más bajas respecto al régimen general.

Ahora, con el primer tramo transitorio finalizando en 2025, toca afinar el mecanismo. El objetivo es ambicioso: que el sistema sea "justo, comprensible y previsible", según palabras del propio secretario de Estado. Pero lograrlo exige diálogo, transparencia… y una nueva hoja de ruta para los próximos tres años.

¿Qué se está negociando?

• Nuevos tramos de ingresos y sus correspondientes bases de cotización.
• El calendario de aplicación para 2026-2028.
• La posible revisión de procedimientos para evitar errores y retrasos en las regularizaciones futuras.

Además, se han presentado los primeros resultados de otra reforma clave: la compatibilidad entre trabajo y pensión. Entró en vigor en abril de 2024 y ya ha empezado a cambiar el perfil de las jubilaciones. Las cifras hablan por sí solas: en lo que va de año, las jubilaciones demoradas han aumentado un 25 % y la edad media de acceso ya supera los 65 años.

La nueva regulación apuesta por una transición más gradual hacia la jubilación, eliminando rigideces como la necesidad de haber cotizado el máximo para poder compatibilizar pensión y trabajo. Este cambio, especialmente relevante desde una perspectiva de género, abre la puerta a miles de personas que, por trayectorias laborales interrumpidas, quedaban fuera de esta opción.

Y hay más: cada año de jubilación activa incrementa el porcentaje de la pensión que se puede cobrar, hasta alcanzar el 100 % a partir del quinto año. Además, se han mejorado los incentivos a la jubilación demorada y se ha facilitado el acceso a la jubilación parcial, ampliando los márgenes temporales y exigiendo contratos más estables para el trabajador relevista.

Ver: Balance de la primera regularización de autónomos

¿Qué implica todo esto para ti, como autónomo?

• Cambios en tu base de cotización, con impacto directo en tus prestaciones futuras.
• Nuevas oportunidades para compatibilizar pensión y actividad profesional sin perder derechos.
• Obligación de estar atento a un sistema en constante evolución, que cada vez exige mayor previsión y conocimiento técnico.

Desde nuestro despacho, te recomendamos revisar con antelación tu base de cotización actual, estar al tanto de las propuestas que se debatan en esta nueva fase del Diálogo Social y valorar, si estás cerca de la edad legal, cómo encajar la jubilación parcial o activa en tu planificación.

Como siempre, te acompañamos en cada paso. Y más aún cuando el camino cambia.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,