Un año más, le recordamos que los contribuyentes del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades que sean propietarios de bienes y derechos situados en el extranjero a 31 de diciembre de 2025 podrían quedar obligados a presentar la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720) hasta el próximo 31 de marzo 2026

Este modelo deberá presentarse por vía telemática (Internet), sin que sea posible la presentación en papel. Aquellos que por razones de carácter técnico no puedan presentar el modelo 720 por Internet en el plazo establecido, podrán efectuar la presentación durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo.

Para aquellos que presentaron el Modelo 720 anteriormente, sólo será obligatoria la presentación cuando cualquiera de los saldos conjuntos de los tres diferentes bloques de bienes que son de obligada información (cuentas bancarias, acciones o inmuebles) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la declaración del año pasado. En todo caso, será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya declarados y respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en su día la obligación de declarar.

Los contribuyentes deberá informar sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero, tanto cuentas en entidades financieras, como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionados u obtenidos fuera de España. Se excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los 50.000 euros por cada tipo de bien o derecho.

¿Qué tipos de bienes y derechos se declaran?

• Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. Se detallará su identificación, situación (país, localidad, calle, número), la fecha de adquisición y el valor de adquisición (dependerá de si se trata de la plena propiedad, el usufructo, la nuda propiedad u otros casos).

• Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Se debe incluir la denominación de la entidad bancaria, su domicilio, la identificación de las cuentas, las fechas de apertura o cancelación, el saldo a 31 de diciembre, el saldo medio del último trimestre, fecha en la que se dejó de tener la condición de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios o persona con poder de disposición.

• Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

1. En el supuesto de los valores deberá constar la razón social de la entidad o del tercero cesionario, así como el domicilio, saldo a 31 de diciembre y número, clase de acciones y valor.
2. En el caso de los derechos se incluyen los derechos representativos de la cesión a terceros de capitales propios.
3. Por lo que se refiere a los seguros es preciso informar sobre el nombre de la entidad aseguradora, el domicilio y el valor de rescate de la póliza a 31 de diciembre.
4. En cuanto a las rentas temporales o vitalicias se debe informar sobre la razón social de la entidad aseguradora, su domicilio y el valor de capitalización a 31 de diciembre.

En relación a los bienes y derechos que deben ser objeto de declaración, existen diversos matices que debes tener en cuenta como los que te detallamos a continuación:

• Se deben declarar las cuentas bancarias en las que exista una titularidad compartida, cuando exista un saldo a 31 de diciembre superior a los 50.000 euros.
• También se deberá declarar la titularidad compartida que recaiga sobre bienes inmuebles cuando el valor de adquisición supere los 50.000 euros a 31 de diciembre.

Atención. Si presentó el año pasado el modelo 720 porque disponía de depósitos bancarios, valores (acciones, fondos de inversión, seguros, etc.) o inmuebles en el extranjero valorados en más de 50.000 euros, deberá volver a presentar dicho modelo en cualquiera de estos dos supuestos:

• Si el valor de sus bienes aumenta en más de 20.000 euros.

• O bien si ha dejado de ser titular o autorizado de alguno de los bienes previamente declarado.

 ¿Qué sujetos están obligados?

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades en atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes…) vendrán obligados a presentar esta declaración informativa anual., siempre que sean titulares o autorizados en cuentas en el extranjero cuyo saldo conjunto sea superior a 50.000 euros.

Asimismo, tienen obligación de declarar la información los titulares de valores, acciones, fondos, seguros de vida, bienes inmuebles o cualesquiera otros activos situados o depositados en el extranjero, por un importe superior conjunto a 50.000 euros. Además de los titulares jurídicos, y salvo que aplique alguna exoneración que deba analizarse detenidamente, están obligados los conocidos como titulares reales, esto es, aquellos que posean o controlen más del 25% de los mencionados activos a través de entidades con o sin personalidad jurídica.

Puede haber muchísimas personas obligadas, en particular extranjeros residentes, porque basta tener una pequeña parte (aunque sea un 1%) de una o varias cuentas en extranjero con saldo superior a 50.000€ (o incluso no tener nada y ser un simple autorizado), o tener una pequeña parte de un inmueble con valor superior a dicha cantidad.

Régimen sancionador

La Ley 5/2022, de 9 de marzo, y con efectos desde el 11 de marzo de 2022,  modificó la redacción de varias normas tributarias con rango de ley (Ley del IRPF, del IS y la LGT) con el objeto de eliminar los aspectos de la regulación de la obligación de información de bienes y derechos situados en el extranjero que habían sido declarados contrarios al Derecho de la Unión Europea por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19). La citada sentencia, concluyó que el régimen sancionador específico asociado a los incumplimientos de la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) en contrario al Derecho de la Unión Europea por establecer una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales.

En lugar de introducir nuevamente un régimen sancionador propio y diferenciado, el legislador se ha limitado a eliminar la redacción de los preceptos considerados por el TJUE incompatibles con la libre circulación de capitales, lo que, en la práctica, sólo tiene un alcance meramente formal.

En concreto:

• Se eliminan las multas pecuniarias fijas por no informar en plazo o por hacerlo de forma incompleta, inexacta o con datos falsos.
• Se eliminan los preceptos que calificaban el valor de los bienes no declarados en plazo como ganancia de patrimonio no justificada o como renta no declarada imputable al período impositivo más antiguo entre los no prescritos.
• Se elimina la multa pecuniaria proporcional del 150% sobre la cuota tributaria derivada de la ganancia de patrimonio no justificada o la renta no declarada.

Al no haberse sustituido lo anterior por un régimen específico, los eventuales incumplimientos de la obligación de informar quedan sujetos al régimen sancionador general previsto para la falta de presentación en plazo o de forma incorrecta de declaraciones que no produzcan perjuicio económico a la Hacienda Pública.

Hay que recordar que:

• Las sanciones eliminadas consistían en la imposición de una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 10.000 euros, o bien 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, para los casos de presentación fuera de plazo sin requerimiento previo.

• Además de esa sanción, la normativa establecía  otra grave consecuencia tanto por no cumplir la obligación de informar como por hacerlo fuera de plazo, y es que Hacienda puede llegar a considerar que los bienes en el extranjero son ganancia patrimonial no justificada y cobrar por el IRPF una cuota hasta su tipo máximo margina o en el Impuesto sobre Sociedades, sobre su valor más una sanción adicional del 150% sobre dicha cuota. Y eso incluso aunque esos bienes y derechos procedan de periodos prescritos.

AEAT. Preguntas frecuentes

(Actualizadas a febrero de 2025)

Índice:

1. Un solo modelo para tres obligaciones de información diferentes
2. Contribuyentes obligados a declarar
3. No obligación de informar si nunca se ha tenido la obligación
4. Titularidad compartida
5. Forma de calcular el límite que obliga a declarar
6. Criterio de exoneración por contabilización
7. Otras causas de exoneración
8. ¿Existe obligación de informar sobre…?
9. Valoración de los bienes y derechos
10. Otras cuestiones
11. Frecuencia en la presentación de la declaración
12. Sanciones y efectos
13. Preguntas técnicas
14. Preguntas frecuentes modelo 720 (Marzo 2014)

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Con efectos retroactivos desde enero, el nuevo SMI 2026 obliga a empresas a revisar salarios, contratos y determinados complementos.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de febrero ha aprobado un incremento del 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

En términos anuales, el SMI alcanza los 17.094 euros, manteniéndose exento de tributación en el IRPF. El incremento supone 37 euros más al mes respecto al importe vigente en 2025.

Este acuerdo ha sido alcanzado en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales mayoritarias y refuerza la senda de incrementos sostenidos del salario mínimo en los últimos años.

La subida tiene efectos retroactivos, con lo que será necesario regularizar nóminas ya abonadas en 2026.

El Gobierno ha anunciado una regulación específica para impedir que las subidas del salario mínimo se neutralicen absorbiendo complementos salariales ya existentes, cuando estos tengan naturaleza específica. El objetivo es que el aumento sea real y efectivo, y no una mera operación contable sin impacto en la retribución final.

No todos los complementos podrán absorber la subida del SMI: conviene revisar su naturaleza jurídica.

Empleadas de hogar

En el caso de las empleadas de hogar en régimen externo por horas, el nuevo SMI fija una referencia mínima de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Este importe incluye todos los conceptos retributivos y se convierte en el nuevo umbral de referencia para contratos por horas, con independencia de la duración semanal del servicio.

Cualquier contrato por horas por debajo de esta cuantía deberá actualizarse de forma inmediata.

Contratos de duración determinada inferiores a 120 días

Para las personas trabajadoras con contratos temporales de menos de 120 días la cuantía mínima no podrá ser inferior a 57,82 euros por jornada legal trabajada.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Tras semanas de incertidumbre parlamentaria, el Gobierno ha aprobado finalmente un nuevo Real Decreto-ley centrado exclusivamente en la revalorización de las pensiones, separando esta medida del resto de iniciativas incluidas en el denominado escudo social.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de febrero ha aprobado un Real Decreto-ley que consolida la revalorización de las pensiones y prestaciones públicas para 2026. Aunque el incremento ya se aplicó desde enero, el texto fija el marco completo para todo el ejercicio y añade otras medidas relevantes en materia de Seguridad Social y cotizaciones.

En conjunto, la medida afecta a casi 13 millones de pensiones y prestaciones, incluyendo pensiones contributivas, no contributivas, Clases Pasivas, Ingreso Mínimo Vital y determinadas ayudas familiares vinculadas a discapacidad.

No todas las pensiones suben al mismo ritmo ni por las mismas razones. El porcentaje general puede inducir a error si no se analiza el tipo de prestación concreta.

Subida general de las pensiones contributivas

Las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social y las de Clases Pasivas del Estado se incrementan un 2,7% con carácter general. Este porcentaje no es arbitrario: responde al IPC medio calculado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, conforme a la fórmula legal vigente.

Con esta actualización se da cumplimiento al compromiso asumido en la Ley 20/2021, que blindó la revalorización automática de las pensiones para evitar pérdidas de poder adquisitivo.

En términos prácticos, el incremento supone unos 570 euros más al año en una pensión media de jubilación, y alrededor de 500 euros anuales en la pensión media del sistema.

La revalorización se aplica sobre la cuantía reconocida, no sobre la pensión máxima teórica. En pensiones altas, el efecto puede verse limitado por los topes existentes.

Pensiones mínimas, no contributivas e Ingreso Mínimo Vital.

Aquí se concentran los incrementos más elevados. El Gobierno mantiene la senda de mejora iniciada en ejercicios anteriores, con subidas muy por encima del IPC.

• Pensiones mínimas: aumento superior al 7%, que se eleva hasta el 11,4% en los casos de pensiones con cónyuge a cargo y viudedad con cargas familiares.
• Pensiones no contributivas y IMV: incremento del 11,4%.
• Pensiones SOVI: revalorización del 7,07%, alcanzando los 599,60 euros mensuales en las no concurrentes.

Estas cifras responden a una política deliberada de refuerzo de rentas más bajas y situaciones de mayor vulnerabilidad económica.

En muchas prestaciones mínimas y no contributivas, el acceso y la cuantía final dependen de los ingresos del conjunto del hogar, no solo del titular.

Cuantías concretas que conviene conocer

Algunas cifras ayudan a aterrizar el impacto real de la medida:

• Pensión mínima de jubilación con 65 años o más y sin cónyuge: 13.106,80 euros anuales.
• Con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros anuales.
• Asignación por hijo a cargo con discapacidad ≥ 65%: 5.962,80 euros anuales.
• Asignación por hijo a cargo con discapacidad ≥ 75%: 8.942,40 euros anuales.

Estas cuantías pueden verse afectadas por incompatibilidades, límites de rentas o concurrencia con otras prestaciones.

Complemento para la reducción de la brecha de género

El complemento destinado a corregir la brecha de género en pensiones también se revaloriza en un 2,7%, aplicándose sobre la cuantía ya reconocida en 2025.

Este complemento sigue teniendo un papel relevante en muchas pensiones de jubilación y viudedad, especialmente en trayectorias laborales interrumpidas.

El complemento no se concede de oficio en todos los casos y puede requerir solicitud o revisión si existen cambios en la situación personal.

Otras medidas relevantes en Seguridad Social

El Real Decreto-ley no se limita a actualizar pensiones. Incluye también ajustes que afectan a colectivos concretos y a la gestión del sistema:

• Nueva cotización adicional para bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales, que permite activar coeficientes reductores para anticipar la jubilación.
• Prórroga hasta finales de 2026 de la compatibilidad entre pensión y trabajo para médicos de Atención Primaria, pediatras y médicos de familia.
• Actualización de bases y grupos de cotización, con un tope máximo fijado en 5.101,20 euros mensuales.
• Ajustes en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la cuota de solidaridad y, en el caso de autónomos, prórroga de los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025.

Las modificaciones en cotización pueden tener efectos indirectos en futuras pensiones, especialmente en carreras laborales cercanas a la jubilación.

La revalorización de pensiones en 2026 cumple con el objetivo de proteger el poder adquisitivo, pero introduce diferencias relevantes entre colectivos. Mientras algunas pensiones suben de forma moderada siguiendo el IPC, otras experimentan incrementos mucho más intensos.

Desde una perspectiva práctica, conviene revisar caso por caso: tipo de pensión, situación familiar, límites de ingresos y posibles incompatibilidades. En materia de pensiones, los detalles importan más que los titulares.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo.

El modelo informativo anual NRUA es una obligación de información, no un nuevo registro ni una nueva licencia.

La orden VAU/1560/2025 desarrolla lo previsto en el real decreto 1312/2024 y establece que todos los titulares de un NRUA (Número de Registro Único de Alquiler) deben presentar, una vez al año, un modelo con las estancias realizadas en su inmueble.

Es importante tener en cuenta que esta nueva obligación:

• No sustituye al registro de viajeros
• No tiene finalidad fiscal
• No crea un nuevo trámite de alta
• Es un control registral del uso del inmueble como alquiler de corta duración

¿A quién afecta esta obligación?

El modelo informativo anual afecta a todos los propietarios o explotadores con un NRUA activo, independientemente del tipo de alquiler que realicen.

Esto incluye:

• Alquiler vacacional o turístico
• Alquiler por motivos laborales
• Alquiler académico o de estudios

Si la vivienda tiene NRUA, está dentro del ámbito de aplicación, aunque se trate de alquiler por temporadas cortas y no alquiler vacacional tradicional.

Cada NRUA se declara de forma individual, no se pueden mezclar datos de distintos inmuebles en un solo modelo.

¿Cuándo se debe presentar el modelo informativo?

La orden entra en vigor el 2 de enero de 2026, pero el primer plazo importante es el febrero de 2026, donde deben declararse las estancias realizadas durante el año 2025.

A partir de este plazo, la obligación será anual y deberá presentarse durante el mes de febrero con los datos del año anterior.

Aunque la vivienda no haya tenido ninguna reserva, el modelo también debe presentarse, marcando la opción de "sin actividad".

¿Qué información hay que declarar?

Los datos solicitados son:

• Datos del titular
• Código Registral Único del inmueble (CRU)
• Número de NRUA
• Finalidad del arrendamiento (vacacional, laboral, estudios, etc.)
• Número de huéspedes por estancia
• Fecha de entrada
• Fecha de salida

¿Dónde se presenta?

El modelo se presenta ante el registro de la propiedad competente, pudiendo elegir entre dos opciones:

• Presentación presencial en papel
• Presentación online a través del colegio de registradores

Consecuencias de no presentar el modelo

La orden no establece sanciones económicas, sí prevé consecuencias en caso de incumplimiento o incoherencias graves:

• Incidencias registrales
• Requerimientos de subsanación
• Retirada del NRUA
• Imposibilidad de explotar legalmente el inmueble como alquiler de corta duración

Con el final del periodo transitorio, la jubilación entra en una fase más rígida y menos intuitiva, donde los años cotizados pesan tanto como la edad. A partir de 2026, jubilarse exige algo más que soplar velas. Conviene mirar con lupa la vida laboral antes de hacer planes.

Durante más de una década, la edad de jubilación ha ido avanzando poco a poco, casi sin que muchas personas fueran plenamente conscientes. Ese proceso gradual llega a su fin en 2026, y a partir de ahí el sistema se vuelve más exigente y menos flexible.

Desde ese momento, la edad legal para jubilarse dependerá de forma directa del número de años efectivamente cotizados, sin atajos ni interpretaciones simplistas. No basta con "estar cerca" ni con haber trabajado muchos años de forma irregular.

No todas las personas que cumplen 65 años en 2026 podrán jubilarse automáticamente.

Qué ocurre en 2026 con la edad ordinaria

En el año 2026 se consolida un doble escenario que conviene tener muy claro:

• Quienes acrediten 38 años y 3 meses o más de cotización podrán jubilarse al cumplir 65 años.
• Quienes no alcancen ese umbral deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Este matiz es importante porque muchas personas se quedan a pocos meses del mínimo exigido y desconocen que eso retrasa la jubilación casi dos años completos.

Un pequeño desfase en los meses cotizados puede tener un impacto desproporcionado en la fecha de jubilación.

El escenario definitivo a partir de 2027

Desde 2027 el sistema se estabiliza definitivamente:

• Solo quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización efectiva podrán jubilarse a los 65 años.
• El resto deberá esperar hasta los 67 años, sin excepciones generales.

Este será el marco de referencia ordinario para los próximos años, por lo que conviene revisar con tiempo la carrera de cotización de cada trabajador o trabajadora.

Atención. A partir de 2027, no alcanzar el mínimo exigido implica retrasar la jubilación dos años completos.

El requisito mínimo de cotización sigue siendo clave

Más allá de la edad, hay un requisito que sigue siendo imprescindible y que genera muchos malentendidos: haber cotizado al menos 15 años, y que dos de esos años estén dentro de los 15 anteriores a la jubilación.

Este segundo punto suele pasarse por alto, especialmente en personas con carreras laborales muy discontinuas o largos periodos sin alta en la Seguridad Social.

• Atención. No basta con llegar a los 15 años totales si no se cumple el requisito de cotización reciente.

Un caso frecuente que genera confusión

Pensemos en una trabajadora que cumple 65 años en septiembre de 2026 y que en ese momento acredita 38 años y un mes de cotización. A primera vista, podría parecer que debe esperar casi dos años más.

Sin embargo, si continúa trabajando unos meses más y alcanza los 38 años y 3 meses dentro de 2026, podrá jubilarse en ese mismo momento, siempre que ya tenga cumplidos los 65 años.

Este tipo de situaciones son habituales y requieren revisar mes a mes la vida laboral, no solo el total anual.

El derecho a jubilarse puede activarse durante el propio año, no solo en la fecha exacta del cumpleaños.

Cuando haber trabajado poco tiempo retrasa más de lo esperado

Otro escenario habitual es el de personas que han estado muchos años fuera del mercado laboral. Por ejemplo, alguien que se reincorpora con 66 años, con solo 13 años cotizados, pensando que con un par de años más bastará.

Aunque al cumplir 67 años ya alcance los 15 años totales, si no ha cotizado al menos dos años dentro de los últimos 15, deberá seguir trabajando más tiempo para cumplir ese requisito específico.

• Atención. La jubilación puede retrasarse incluso más allá de los 67 años si no se cumple la cotización reciente exigida por la ley.

El servicio militar

Existe todavía la creencia de que el servicio militar obligatorio suma automáticamente como años cotizados a efectos de jubilación ordinaria. Esto no es correcto.

Estos periodos no sirven para adelantar la edad de jubilación ordinaria ni para alcanzar los umbrales de 38 años y meses exigidos. Su utilidad es muy limitada y solo se reconoce, con un máximo de un año, en supuestos concretos de jubilación anticipada o parcial.

• Atención. Contar con la "mili" para llegar antes a la jubilación ordinaria puede llevar a errores de cálculo importantes.

Una recomendación práctica antes de tomar decisiones

Con este nuevo escenario, anticipar la jubilación exige planificación, no solo buena intención. Revisar la vida laboral, comprobar lagunas de cotización y calcular con precisión los meses acumulados es más importante que nunca.

Tomar decisiones sin ese análisis previo puede suponer retrasos inesperados o planes que luego no encajan con la realidad legal.

• Atención. Antes de fijar una fecha de jubilación, conviene comprobar los datos oficiales y no fiarse solo de estimaciones generales.

La jubilación ya no responde a reglas simples. Edad y cotización van de la mano, y pequeños detalles pueden cambiar por completo el resultado final. Revisar cada caso con calma y antelación evita sorpresas cuando ya no hay margen de maniobra.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,