¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es un sistema de facturación electrónica que surge con el objetivo de digitalizar y controlar el proceso de emisión de facturas en tiempo real.

La AEAT pretende tener mayor control sobre las operaciones comerciales, evitando la emisión de facturas falsas o la emisión de facturas duplicadas por error, reduciendo de esta forma el fraude fiscal.

 

¿Cuándo entra en vigor?

La fecha indicada para la entrada en vigor de Verifactu es el 1 de enero de 2026 para empresas y el 1 de julio de 2026 para autónomos.

Cabe esperar posibles modificaciones de la fecha definitiva de entrada en vigor de este nuevo sistema de facturación.

 

¿Quiénes deben usar VeriFactu?

Obligará a empresas y autónomos que emitan sus facturas por medios electrónicos (software de facturación) a generar y registrar sus facturas con un código único, que garantizará que las transacciones estén identificadas y controladas por Hacienda.

Las empresas y autónomos que emitan sus facturas por vías más clásicas, como plantillas de Excel, Word o PDF, no estarán obligadas a emplear el sistema VeriFactu. De todos modos, advierten desde la Agencia Tributaria que las empresas que mantengan este sistema, serán un colectivo de mayor revisión.

 

Ventajas del sistema VeriFactu

Aunque la puesta en funcionamiento de VeriFactu puede parecer una pesada carga administrativa para autónomos y empresas, presenta también grandes ventajas:

• Reducción del fraude fiscal: al enviar las facturas en tiempo real a la AEAT, se reduce considerablemente la posibilidad de emitir facturas falsas o duplicadas, lo que ayudará a combatir el fraude fiscal.
• Mejora en la gestión empresarial: con esta digitalización del proceso de facturación, tanto autónomos como empresas podrán llevar un control más exhaustivo de sus ingresos y gastos, favoreciendo una mejor gestión financiera.

Evita sanciones: la conexión directa con Hacienda permitirá que los errores en las facturas puedan detectarse y corregirse con mayor facilidad, evitando sanciones y problemas legales.

 

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Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión de jubilación suele ser más baja para los trabajadores autónomos que para los trabajadores por cuenta ajena.

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, la pensión media de jubilación de un trabajador autónomo se sitúa en 965,03 euros, mientras que la de los trabajadores en Régimen General se sitúa en 1.604,07 euros. Se trata de una diferencia de 639,04 euros mensuales o de 8.946,56 euros anuales (en 14 pagas).

La principal causa de la diferencia radica en las cotizaciones aportadas a la Seguridad Social. Actualmente, la base mínima de cotización de los autónomos es de 950,98 euros, mientras que la de los asalariados se establece en 1.323 euros, de acuerdo con la Orden PJC/281/2024.

Aunque la base máxima de cotización en 2025 llegará a 4.918,75 euros, un 86,6% de los autónomos opta por cotizar por la base mínima, según el informe anual de 2023 del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El mismo informe señala que un 97,1% de los autónomos aumenta su base de cotización a partir de los 55 años; sin embargo, esto puede resultar insuficiente para mejorar la pensión final, ya que el sistema de cálculo actual de la Seguridad Social considera las bases de cotización de los últimos 25 años cotizados.

De esta forma, un autónomo que cotizara toda su vida por la base mínima de 965,03 euros y que alcance el 100% de la base reguladora, recibiría una pensión de 827,16 euros mensuales. En el caso de que la pensión sea inferior a la pensión mínima de 825,20 euros mensuales o de 11.552,80 euros, se podrá solicitar el complemento a mínimos para asegurarse de cobrar la pensión mínima, siempre que cumpla con los requisitos.

 

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El 31 de enero entró en vigor el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

En su Disposición Adicional Undécima regula un nuevo régimen sancionador por el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

 

Plazos a tener en cuenta para el depósito de las Cuentas Anuales

Los períodos o fechas a tener en cuenta son:

• Formulación: Dentro de los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio hay que formular las Cuentas Anuales.
• Legalización: La legalización de los libros -algo que muy pocas empresas hacen- se podrá hacer hasta cuatro meses después del cierre del ejercicio.
• Aprobación: Formuladas las Cuentas Anuales, estas deben ser aprobadas, lo cual ha de hacerse dentro de los 6 meses posteriores al cierre.
• Depósito: Finalmente, el depósito de las Cuentas Anuales ha de hacerse dentro del mes siguiente a su aprobación.

 

Consecuencias de no depositar en plazo las Cuentas Anuales

 

Hasta ahora, la consecuencia de no depositar en plazo las Cuentas Anuales era la imposibilidad de inscribir ningún otro acto en el Registro Mercantil, salvo que se trate de revocación de poderes, cese de administrador, disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Sí estaba previsto en la normativa un régimen sancionador, concretamente en el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital -que establece sanciones entre 1.200 y 60.000 euros-, pero era el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) el encargado de iniciar los expedientes sancionadores, pero rara vez se imponía una multa económica.

 

El legislador ha dado potestad a los registradores mercantiles para la tramitación de expedientes sancionadores.

La novedad radica por un lado en la potestad trasladada a los registradores y, por otro, a la forma de cálculo de las sanciones que, dentro de los límites establecidos por la Ley de Sociedades de capital -entre 1.200 y 60.000 euros- que será:

• Del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original habrá de aportarse durante la tramitación del procedimiento.
• En caso de no aportar la declaración tributaria mencionada, la sanción será el 2% del capital social, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro Mercantil.
• Si se aporta la declaración tributaria y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2% del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10%.

 

Por tanto, la sanción por no depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil que corresponda, oscilan entre los 1.200 y los 60.000 euros, y se calcularán en base a lo que hemos comentado.

 

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Para facilitar el pago de impuestos, la Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de solicitar un aplazamiento de deudas tributarias.

El aplazamiento de deudas con Hacienda es un procedimiento por el cual la Agencia Tributaria permite retrasar el pago de una deuda tributaria, cuando la situación económico-financiera impida de forma puntual efectuar los pagos en el plazo establecido.

La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.

Para solicitar el aplazamiento se debe presentar una solicitud a través de la sede electrónica de la Agencia TributariVa, especificando lo siguiente:

• El importe de la deuda a aplazar.
• Exponer los motivos que fundamentan la petición.
• La propuesta de pago, que debe ser mensual, indicando los vencimientos y el importe de los plazos.

 

Los plazos máximos en los que se pueden fraccionar las deudas son:

• 60 meses: cuando el obligado al pago aporta como garantía aval bancario.
• 36 meses: si el obligado al pago aporta como garantía bienes inmuebles de naturaleza urbana libres de cargas.
• 24 meses: si el obligado al pago aporta otras garantías o en el caso de aplazamiento de deudas por personas físicas.
• 12 meses: en los supuestos de dispensa total o parcial de garantías.

 

Con la entrada en vigor de la Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, no se exigen garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas, cuando el importe no exceda de 50.000 euros. Esta exención es tanto para deudas en periodo voluntario como en periodo ejecutivo.

Para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que exceda de los 50.000 euros, la Agencia Tributaria podrá exigir un aval de entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, en caso de imposibilidad para aportar estas, otro tipo de garantías.

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